El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreta el alcance del impuesto sobre el patrimonio dentro del r\u00e9gimen para evitar la doble tributaci\u00f3n y prevenir la evasi\u00f3n fiscal en los Pa\u00edses Miembros. La decisi\u00f3n enfatiza que el hecho imponible del impuesto sobre el patrimonio es la riqueza del contribuyente, determinada por su patrimonio neto. Seg\u00fan el art\u00edculo 17 de la Decisi\u00f3n 578, este impuesto solo puede ser exigido por el pa\u00eds donde se encuentren situados los bienes y derechos patrimoniales, conforme al principio de territorialidad. En consecuencia, si un contribuyente domiciliado en un Pa\u00eds Miembro posee acciones en una empresa de otro Estado Andino, el \u00fanico con potestad para gravar esas acciones es el pa\u00eds donde la empresa tiene su domicilio. Si dicho pa\u00eds no ejerce su potestad tributaria, ello no habilita al pa\u00eds de residencia del contribuyente para aplicar el impuesto. El Tribunal reafirma que su funci\u00f3n es interpretar normas comunitarias sin resolver casos concretos, estableciendo criterios para garantizar la aplicaci\u00f3n uniforme del derecho andino.<\/p>\n